Hay temas que, por incómodos o por dolorosos, el país ha preferido mirar solo de reojo. La infancia es uno de ellos. Durante décadas, México avanzó entre discursos solemnes y estadísticas frías mientras niñas, niños y adolescentes crecen en contextos marcados por la violencia, la pobreza, el abandono institucional y la indiferencia social. Hoy, cuando hablamos de proteger a la niñez, corremos el riesgo de hacerlo como si se tratara de un lujo moral, de una aspiración noble pero no urgente. Sin embargo, la Constitución mexicana y las leyes que derivan de ella cuentan otra historia: la infancia no es un tema periférico, sino un eje estructural del proyecto de país.
Si uno regresa a los orígenes del Estado mexicano contemporáneo, encuentra que los constituyentes de 1917 tenían una preocupación central: construir un orden que limitara el abuso, corrigiera desigualdades profundas y colocara a la dignidad humana en el centro. Para ellos, el Estado no surgió como una maquinaria impersonal ni como una autoridad distante; surgió para proteger a las personas frente a la injusticia y para garantizar que el poder no volviera a concentrarse sin freno. Esa convicción se reflejó en los derechos sociales, en la educación pública, en la función social de la propiedad, en los derechos laborales. Y aunque en aquel momento la niñez no ocupaba el lugar que hoy tiene, la semilla de un Estado responsable del bienestar de los más vulnerables quedó sembrada.
Con el paso del tiempo y especialmente tras la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, esa visión se transformó en un mandato explícito. El Artículo 4º Constitucional reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Ahí se establece que el interés superior de la niñez debe guiar todas las decisiones públicas y privadas que les afecten. Ese principio —tan repetido y tan pocas veces comprendido— obliga al Estado a reorganizar sus prioridades: no es una frase decorativa, es una brújula jurídica y ética.
La Constitución va más lejos: exige que el Estado garantice su desarrollo integral, su educación, su salud, su identidad, su derecho a vivir libres de violencia. En otras palabras, reconoce que la infancia debe estar primero. Y cuando los derechos de niñas y niños chocan con intereses de adultos —padres incluidos—, son los derechos de la infancia los que prevalecen.
Ese giro hacia una visión integral de la infancia fue el terreno sobre el que, años después, surgiría una de las leyes más importantes del país: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promulgada el 4 de diciembre de 2014. Su nacimiento no puede entenderse sin mirar el contexto en que ocurrió. México vivía un momento especialmente oscuro: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa había expuesto de manera brutal la fragilidad del Estado y la violencia que atravesaba al país. Pero también había cifras alarmantes sobre abuso sexual infantil, reclutamiento criminal, trabajo infantil, trata de personas, feminicidios de niñas y adolescentes. La infancia mexicana estaba en riesgo y las instituciones no daban respuestas efectivas.
A pesar de que México había ratificado en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, durante más de dos décadas no creó un sistema capaz de materializar esos compromisos. El Comité de la ONU lo señaló de manera insistente: no había coordinación interinstitucional, no existían protocolos integrales, la política pública en materia de infancia era fragmentada y reactiva. En el lenguaje diplomático de los informes internacionales se escondía un mensaje más duro: México estaba fallando a su niñez.
La LGDNNA emergió, entonces, como una respuesta a esa deuda histórica. Por primera vez, la ley reconoció de manera clara que niñas, niños y adolescentes tienen autonomía progresiva, derecho a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta en todos los procesos que afecten su vida. La infancia dejó de ser vista como incapacidad y pasó a ser entendida como un periodo de desarrollo que requiere acompañamiento respetuoso, no control absoluto.
Uno de los cambios más relevantes fue la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encargado de articular a todas las instituciones y a los tres niveles de gobierno. La infancia dejó de ser “asunto del DIF” y se convirtió en asunto del Estado en su conjunto. Las escuelas, los hospitales, las fiscalías, las procuradurías, las policías, las comisiones de derechos humanos y los gobiernos locales quedaron obligados a generar políticas coordinadas. La protección ya no sería un acto voluntario, sino un mandato legal.
Detrás de esa ley también hubo una fuerza social silenciosa, constante y determinante. Organizaciones como REDIM, UNICEF y decenas de colectivos, académicos y especialistas presionaron durante años, en un país que muchas veces ha preferido guardar silencio cuando el dolor tiene rostro de infancia y adolescencia.
Sin embargo, promulgar una ley no garantiza su cumplimiento. Lo que nació como un esfuerzo integral enfrenta hoy desafíos enormes: instituciones debilitadas, presupuestos insuficientes, protocolos que no se aplican, ministerios públicos sin perspectiva de infancia, jueces que aún interpretan la ley desde el adultocentrismo, sistemas de protección colapsados, y, sobre todo, una cultura que todavía normaliza la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. La brecha entre la letra y la realidad es, todavía, dolorosa.
Pero incluso en medio de estas tensiones, conviene recordar qué significa, en términos políticos y éticos, colocar a la infancia en el centro del orden constitucional. Significa que la dignidad de niñas y niños no es negociable. Significa que sus vidas no pueden esperar a que el país resuelva sus crisis políticas, económicas o institucionales. Significa que cada política pública, cada presupuesto, cada sentencia, cada decisión de autoridad debe pasar por una pregunta fundamental: ¿qué implica esto para la infancia?
Esa fue la promesa de la Constitución de 1917, reforzada en 2011 y desarrollada en 2014. Y es una promesa que no admite dilaciones. Porque la infancia no es el futuro, como se repite en los discursos; es el presente más vulnerable, más urgente y más definitorio. La calidad de un Estado se mide, en gran medida, por lo que hace con sus niñas y niños.
Vale la pena volver a esa pregunta inicial: ¿para qué existe el Estado mexicano? Los constituyentes de 1917 lo dijeron con claridad: para garantizar derechos, para limitar abusos, para corregir desigualdades, para proteger a quienes más lo necesitan. Y hoy, en un país donde la violencia sigue arrebatando infancias, ese mandato adquiere una urgencia renovada. La infancia no es una nota al pie de la Constitución: es su corazón. Si el Estado existe para algo, es para asegurarse de que cada niño, cada niño y cada adolescente pueda vivir con dignidad. Todo lo demás es accesorio. Lo esencial sigue siendo —y seguirá siendo siempre— proteger la vida desde sus inicios.